El comunicado indica que en ningún caso la productora había solicitado autorización a la Conselleria para llevar a cabo el rodaje, lo que plantea serias preguntas sobre el cumplimiento de las normativas necesarias.
El organismo gubernamental también aclaró que la filmación no constituye un delito contra el medio ambiente, siempre y cuando se cuente con la debida autorización, lo que resalta la importancia de seguir los procedimientos establecidos.
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